Funcionarios del Gobierno Nacional y jefes comunales de 22 municipios bonaerenses mantuvieron un encuentro para avanzar en un trabajo coordinado para que se cumpla la Ley de Góndolas en los supermercados cuando se emitan las resoluciones complementarias. Además, se comprometieron a controlar el stock y abastecimiento de la canasta navideña y los cortes parrilleros durante los próximos días; así como el cumplimiento de Precios Cuidados y Precios Máximos en sus distritos.
La reunión estuvo encabezada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y participaron los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa; y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español; además de los intendentes.
Durante el encuentro, Español explicó que las resoluciones complementarias de la Ley de Góndolas permitirán establecer superficies y porcentajes, determinar proveedores, y crear el registro de proveedores para acceder a las góndolas de los grandes supermercados. Además, destacó el “trabajo coordinado y en conjunto que venimos haciendo con las provincias y municipios para realizar las fiscalizaciones y controles que permitan hacer efectivo el cumplimiento de la política de Precios Cuidados y Máximos”.
En tanto, Costa aseguró que con estas medidas buscan garantizar las condiciones para la reactivación de la economía, y que para eso “es fundamental que el mercado interno pueda crecer, pueda generar producción y ventas, que, a su vez, generen trabajo”. Y reforzó esta idea sosteniendo que “depende de dos variables: que la gente tenga plata en el bolsillo, lo cual responde a la propia dinámica del mercado, pero también del esfuerzo que hace el Estado Nacional, la Provincia y los Municipios para que la economía traccione”, sin embargo, advirtió “si todo ese esfuerzo se va en aumento de precios y en unos pocos que tienen la capacidad de aprovecharse de su posición en el mercado, no solo se pierde todo ese esfuerzo sino que implica peores condiciones de vida, peores posibilidades de acceso a consumo básico, y además se vende menos y más caro”.
Además, las autoridades nacionales hicieron hincapié en el cumplimiento del acuerdo con frigoríficos, entre el 19 y 21 de diciembre, para la comercialización de tres cortes de carne de consumo masivo a precios accesibles. El kilo de asado se venderá a $349, el de vacío a $459 y el de matambre a $479, disponible en supermercados y cadenas de carnicerías de los frigoríficos. También la canasta navideña a $250 compuesta por sidra, pan dulce, budín, garrapiñada y turrón. Y el combo de sidra y pan dulce, a $165.
Por el lado de los intendentes, la jefa comunal de Quilmes, Mayra Mendoza, manifestó que “estas medidas impulsadas desde el Estado Nacional buscan regular la oferta de productos, distribuir de forma equitativa el espacio de góndolas y cuidar el bolsillo de los argentinos. Desde Quilmes vamos a trabajar para el cumplimiento de estas políticas que benefician a nuestros vecinos y vecinas”.
Del encuentro participaron además de Mayra, los intendentes Fernando Espinoza de La Matanza; Fernando Grey de Esteban Echeverría; Juan Zabaleta, de Hurlingham; Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas; Alberto Descalzo de Ituzaingó; Gustavo Menéndez, de Merlo; Mariel Fernández, de Moreno; Alejo Chornobrof, de Avellaneda; Lucas Ghi, de Morón; Fernando Moreira, de San Martín; Juan Ustarroz, de Mercedes; Mario Ishii, de José C. Paz. También Juan Andreotti, de San Fernando; Mariano Cascallares, de Almirante Brown; Andrés Watson, de Florencio Varela; Julio Zamora, de Tigre; Gastón Granados, de Ezeiza; y Juan José Mussi, de Berazategui. En representación de Escobar y Lomas de Zamora asistieron sus jefes de gabinete, Carlos Ramil y Martín Chorez, respectivamente.
Fiscalizaciones conjuntas con provincias y municipios
La Secretaría de Comercio Interior, en conjunto con provincias y municipios, realizó en lo que va del año 33.557 fiscalizaciones en toda la cadena de producción, distribución y comercios como hipermercados, supermercados, mayoristas, autoservicios y de proximidad, para el control del cumplimiento de precios y el abastecimiento de productos de consumo masivo.
Durante las inspecciones se labraron 6.800 actas y se concretaron 700 clausuras preventivas. El 45% de las multas, que impuso la Secretaría de Comercio por un total de $87 millones, corresponde a infracciones al congelamiento de precios que se estableció el 19 de marzo pasado -ante la emergencia sanitaria por el Covid 19- a la cadena de comercialización, distribución y producción de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y limpieza dentro de precios máximos.
