Al respecto, Lorenzino sostuvo que “nos oponemos a que la Corte reabra la causa por la que Farmacitiy busca instalarse en territorio bonaerense pasando por alto las leyes”, al tiempo que consideró que “todos los jueces deberían apartarse de una situación atravesada por múltiples intereses que podría provocar un verdadero escándalo institucional”.
El conflicto de interés al que hace referencia el organismo es que el juez del máximo tribunal, Carlos Rosenkratz, tuvo entre sus clientes a la empresa farmacéutica en una demanda similar en la Provincia de Mendoza. Según informaron desde la Defensoría, el pedido de excusación también está dirigido al resto de los miembros como “una medida preventiva ante posibles decisiones que pudieran comprometer la dignidad del cargo”.
La demanda de Farmacity para poder operar en territorio bonaerense data del año 2012 y llegó al máximo tribunal por la insistencia de la empresa, luego de chocar con los sucesivos fallos de la justicia provincial que rechazaron la autorización, fundamentando su decisión por la vigencia de la ley 10.060 que establece que haya una farmacia cada 300 metros y prohíbe la venta de medicamentos junto a alimentos y otras mercaderías.
La postura de la Defensoría del Pueblo se da en un contexto de fuerte rechazo por parte del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia a la llegada de Farmacity a las ciudades bonaerenses. De hecho, en las últimas horas convocaron a un abrazo simbólico para el próximo jueves 12 en el edificio de la Corte como medida de protesta.
Desde el Colegio que nuclea a las profesionales de la Provincia vienen denunciando los vínculos entre Farmacity y altos funcionarios del gobierno nacional. El actual vicejefe de Gabinete de la Nación, Mario Quintana, fue fundador y dueño de la empresa. “Son dos los funcionarios de máxima responsabilidad institucional con relación directa en el caso”, explicó Lorenzino.
Por último, el Defensor del Pueblo pidió que, en caso de que el máximo tribunal decida abrir la causa, se convoque a una audiencia pública para que sea debatida, de modo que “se garantice el derecho a la información y a la participación de los sectores que puedan verse afectados”.
