La semana pasada, fui parte de un hecho clave en la política local: concejales de cinco municipios – Florencio Varela, Quilmes, Berazategui, Almirante Brown y Lomas de Zamora – se unieron para sesionar en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad, y en contra del veto del presidente Milei al financiamiento universitario. Estos concejales, elegidos por sus pueblos, expresaron un rotundo “NO” a un modelo que busca mantener a los sectores populares alejados de las oportunidades, limitándolos a trabajos precarios al servicio de los más ricos.
La educación pública en Argentina es un derecho histórico y un motor de igualdad. Permite que jóvenes de familias trabajadoras accedan a oportunidades antes inaccesibles, algo que es visto como una amenaza para quienes prefieren que las desigualdades se mantengan. Los gobiernos neoliberales, como el de Milei, saben bien que la educación es una herramienta de emancipación y, por eso, suelen atacarla. No es casualidad que este veto sea un paso más en su intento por reducir el rol del Estado y mercantilizar los derechos.
El veto de Milei al financiamiento universitario no solo busca recortar recursos esenciales, sino que también atenta contra el futuro de miles de jóvenes que ven en la universidad pública su única oportunidad de progresar. Desde su campaña, Milei dejó claro su desprecio por la educación pública, proponiendo incluso su privatización. Este veto es solo una muestra más de esa visión, que apunta a transformar la educación en un privilegio de pocos.
Al momento de escribir esto la Universidad Nacional Arturo Jauretche está movilizada. Cientos de estudiantes marchan junto a docentes y no docentes. No será la última si siguen atacando a la educación. La comunidad universitaria, formada por estudiantes, docentes y trabajadores, no está dispuesta a aceptar estos recortes sin luchar. Porque lo que está en juego no es solo el presupuesto universitario, sino el país que queremos construir. Un país donde todos tengan acceso a la educación, independientemente de su origen socioeconómico, o uno donde solo los ricos puedan estudiar, mientras los sectores más humildes quedan relegados a la precarización.
Milei sueña con un país donde los recursos del Estado se destinan a las grandes corporaciones y donde los derechos sociales, como la educación, se ven como lujos que solo algunos pueden pagar. Esto es un retroceso que busca perpetuar las desigualdades. La educación pública ha sido, históricamente, una vía de movilidad social en nuestro país. Gracias a ella, generaciones enteras de trabajadores han podido aspirar a una vida mejor. Eso es lo que Milei y los suyos quieren destruir: la posibilidad de que el hijo de un obrero se convierta en ingeniero, o que la hija de una empleada doméstica sea médica.
Por eso, es fundamental la unidad en esta causa. Los concejales y las concejalas que sesionaron en conjunto dieron un ejemplo de compromiso con el futuro de nuestros jóvenes y con la defensa de un país más justo. No podemos permitir que la educación pública, uno de los pilares de nuestra democracia, sea destruida. Un país que recorta en educación está condenando su futuro.
La lucha por la educación pública no es solo por el presente, es por el país que queremos dejar a las próximas generaciones. La resistencia de la comunidad educativa, sumada al apoyo de los movimientos sociales y sindicatos, muestra que no estamos dispuestos a permitir que la educación sea un privilegio. Seguiremos luchando para que la educación siga siendo un derecho, una herramienta de igualdad y de justicia social.
No se trata solo de un veto, se trata del modelo de país que defendemos: uno donde la educación sea un derecho para todos, no un lujo para pocos.
No es una cuestión de presupuesto universitario. Es el ataque artero hacia un pueblo que quiere crecer.
Milei es fuerte con los débiles y débil con los fuertes, como todo canalla cobarde.