La empresa AySA, encargada del servicio de agua potable y cloacas para más de 15 millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), oficializó su nuevo Contrato de Concesión.
Este cambio normativo no solo busca la sustentabilidad financiera, sino que sienta las bases legales para el próximo proceso de privatización de la compañía.
Claves del nuevo contrato a 30 años
El nuevo esquema rompe con los modelos anteriores de Aguas Argentinas y la gestión estatal previa, introduciendo reglas de juego claras para las próximas tres décadas:
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Sustentabilidad sin subsidios: Desde 2024, AySA cubre sus costos operativos exclusivamente con la recaudación tarifaria. El contrato convierte esta autosuficiencia en una regla permanente.
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Planes Quinquenales: En lugar de revisiones anuales improvisadas, se establece la obligación de presentar un Plan de Acción cada 5 años con metas auditables de mantenimiento y expansión.
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Equilibrio Económico: Las tarifas se ajustarán bajo criterios objetivos para garantizar que la empresa sea financieramente viable sin auxilio del Tesoro Nacional.
Rumbo a la privatización
El anuncio más relevante es la confirmación de la licitación pública del paquete accionario mayoritario del Estado Nacional.
"Este contrato representa un paso decisivo en la transformación de AySA y ordena el marco bajo el cual se desarrollará el proceso de privatización”, afirmó Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
El 10% de las acciones permanecerá en manos de los trabajadores, mientras que el resto buscará atraer inversores privados con capacidad técnica para alcanzar los niveles de cobertura de agua y cloacas de los promedios regionales.
Control y Auditoría
Para evitar incumplimientos, el nuevo contrato refuerza el rol de los entes reguladores (ERAS y APLA), incorporando:
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Mecanismos de auditoría independiente.
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Multas severas por incumplimiento de metas de expansión.
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Revisiones tarifarias quinquenales aprobadas por el Estado Nacional.
