El pedido se hizo a partir de los hechos denunciados públicamente por el docente Federico Mendoza, quien, según su testimonio, fue amedrentado por los mismos, debido a los contenidos dictados en su clase de Política y Ciudadanía.
“El relato del docente describe un hecho de absoluta gravedad en el accionar policial, que atenta contra la libertad de cátedra, promueve el más enérgico de los repudios, y remite a años trágicos de nuestro país, que el pueblo argentino, con Memoria y pleno de espíritu democrático, selló con un definitivo Nunca Más”, dijeron desde el gobierno a cargo del intendente Andrés Watson en un comunicado.
Además, manifestaron que “se atentaría contra la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica art 13, libertad de expresión y pensamiento, en una persecución arbitraria del Estado”.
En tanto la dirección municipal de Derechos Humanos, a través de su titular Guillermo Daniel Ñañez, también repudió el hecho y manifestó su solidaridad con el profesor Federico Mendoza.
“Vemos con preocupación y rechazamos la intervención policial en la escuela (que asiste por un llamado al 911), porque las fuerzas policiales son ajenas al desarrollo de contenidos curriculares, atentan contra la libertad de cátedra y generan un precedente de persecución ideológica que no debemos permitir”. “Santiago Maldonado es un caso de desaparición forzada enmarcado en la Constitución Nacional y las Convenciones y Protocolos de Derechos Humanos que nuestro país suscribió”, sostuvo Ñañez.
