El gobierno nacional de Mauricio Macri busca trasladar desde enero de 2019 los subsidios del transporte y de energía a las provincias (Edesur y Edenor pasan a la jurisdicción provincial), como parte de las acciones del ajuste fiscal.
Informe subsidios Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires by Cuatro Medios on Scribd
Esto tendría un impacto en la provincia de Buenos Aires: "Las provincias y la CABA definan las compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor desarrollados en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones", señala el Pacto Fiscal que el gobierno envió al Congreso el viernes para su aprobación.
La supresión de los subsidios al transporte público, repercutirá en un fuerte incremento en el precio del boleto. Es decir: Provincia, los municipios o los usuarios deberán hacerse cargo del subsidio al transporte público automotor.
El subsidio al transporte público en Florencio Varela asciende a $ 241.819.234, según detalló un informe de la Defensoría del Pueblo que conduce Guido Lorenzino enviado a #4Medios. Esto es de la sumatoria entre la compensación o subsidio asignado de $ 166.060.270 y el subsidio al gas oil $ 75.758.964, ambos montos -hasta ahora- a cargo del Estado Nacional.
“Poniendo como excusa la reducción del déficit fiscal, la Nación pretende que sean otros los que tengan que hacerse cargo de sus falencias administrativas respecto a los servicios públicos. Nos oponemos a que la administración de Mauricio Macri quiera transferir más de 25 mil millones de pesos que le corresponde pagar”, expresó Lorenzino.
Según datos del Ministerio de Transporte, y haciendo una proyección anual, la compensación total que hoy paga la Nación en la Provincia, entre subsidios a las tarifas y al gasoil, asciende a 25.420.416.675 pesos.
En ciudades como Córdoba, el valor de boleto mínimo sin subsidios y con la suba de tarifas ser iría a 36 pesos, estimaron desde la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros de esa provincia. Lo mismo sucedería en Rosario Santa Fe o Resistencia, Chaco.
“Si bien no hay precisiones respecto al monto total que implicaría esta transferencia de gastos, si las provincias o los municipios pueden hacerse cargo, o si se pretende que sea el usuario el que vía tarifas absorba dicho cambio, estamos frente a una decisión que pondría a las arcas locales o la economía de los ciudadanos en una situación cada vez más precaria”, indicó Lorenzino.
En esa línea, el Defensor del Pueblo expresó que “para mejorar la política de transporte, para que haya mayor vinculación y seguridad, es imprescindible una coordinación permanente entre los estados nacional, provinciales y municipales; querer romper con este equilibrio sólo generará que los usuarios sean todavía más perjudicados al usar el servicio”.
